SAN, en el punto de mira por motivos éticos.
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La Audiencia Nacional de España ha incluido a Banco Santander SA (SAN) en la causa que investiga la gestión durante los últimos meses de vida de Banco Popular, al considerar a esta última extinguida tras culminar la fusión en septiembre de 2018.
El magistrado José Luis Calama tomó esta decisión una vez acreditado que Santander «absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo de Popular».
En junio de 2017, la Junta Única de Resolución decidió liquidar Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación, ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, o FROB, a instancias del Banco Central Europeo, y posteriormente, Santander se hizo con la entidad por 1 €.
En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes de Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
La ética y la moral son prioridad para FinanZ.es.
De confirmarse que SAN tuvo responsabilidad en la quiebra de POP, quedaría excluída de la cartera de posibles como ELE y ENEL.
Detrás de cada acción empresarial hay familias, o está el medio ambiente, u otros bienes. La rentabilidad a costa de estos no es ética.
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